- 18 mayo, 2014
- Publicado por: admin
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Esta es una de las conclusiones del cuaderno de la Fundación CEDE “La energía que precisamos: lo que el directivo debe saber sobre el sector energético”, que fue presentado en Alicante, de la mano del Círculo de Economía de la Provincia de Alicante con el apoyo del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante y la Universidad de Alicante, con participación del director general de la Fundación CEDE José Mª Jordá, y del director del trabajo, el ingeniero industrial, consultor energético y consejero de la CNE (1999-2005), Jordi Dolader.
La energía, como apunta Rafael Villaseca, Consejero delegado de Gas Natural Fenosa, en el prólogo del documento, es uno de los vectores que determinan el desarrollo de nuestra sociedad y uno de los principales factores de competitividad.
España necesita una política energética que garantice el suministro, la eficiencia y la sostenibilidad, y aunque el entorno europeo y mundial aconsejan dejar que el mercado fije precios y deje a los agentes que tomen sus propias decisiones de inversión, a su riesgo, en España se está recorriendo un camino inverso en el que el Estado a través de su Administración, es quién determina rentas a los agentes y precios a los consumidores, manipulando y politizando todos los aspectos económicos y regulatorios y creando un difícil y peligroso sentimiento de inseguridad jurídica que, sin duda, repercutirá en las futuras decisiones de los inversores en el sector energético del Reino de España.
Estamos en un momento de elegir entre más liberalización o más regulación del sector energético (básicamente gas y electricidad); Europa opina que regular es equivocarse y que debe ser el mercado el que forme finalmente los precios, sin embargo en España, en lugar de ser el mercado el que determina el precio final de la energía, es el gobierno del Estado quien, a través de su Ministerio de Industria, fija mediante acto administrativo el precio a pagar por el consumidor de forma totalmente arbitraria y políticamente correcta. Como consecuencia de ello y después de más de 10 años, el monto total acumulado por el llamado “déficit tarifario”, asciende a casi 30.000 millones de euros, consecuencia de que aunque España tiene precios de su mercado eléctrico mayorista similares a los de Francia y Alemania y sin embargo, a nivel de usuario final, tiene uno de los precios más caros de Europa, consecuencia de los costes añadidos, impuestos y peajes que incluyen las costosas primas a las energías renovables.
Tal como apunta Maite Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, en su aportación al cuaderno, la energía es un input fundamental de todos los procesos productivos con una fuerte incidencia en sus costes y en la competitividad. La política energética debe definir sus objetivos de acuerdo con la política industrial sin dejar de tener en cuenta los criterios de mercado para la fijación de los precios, el reto del progreso tecnológico y las necesidades de la demanda.
Hay una confusión muy generalizada sobre la política energética y su regulación, por la que se mezclan ambos conceptos y parecen formar parte de un todo indivisible. Por política energética se entiende generalmente la opción de que un determinado Gobierno o Estado realiza respecto a las fuentes primarias de su abastecimiento o respecto a la estructura de propiedad de sus agentes. De la opción de las fuentes primarias se deriva el llamado mix energético. De las diferentes opciones relativas a la estructura de la propiedad se deriva el rol que el Estado se reserva para sí, así como la Gobernanza del propio sector.
Por regulación se entiende el conjunto de señales económicas y su estructuración normativa necesarias para llevar a cabo una determinada política energética que debe, por tanto, preceder a su regulación.
La tendencia secular de no explicitar adecuadamente la política energética y, por tanto, desarrollar a través de una regulación caótica, tiene un ejemplo paradigmático en España. Es preocupante la concentración de los órganos reguladores independientes bajo la órbita de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la CNMC, que por un lado mezcla la regulación ex post, típica de la función de la CNC, con la regulación ex ante de la mayoría de los reguladores de mercados sectoriales, entre ellos el de la energía.
Como consecuencia, por tanto, de una regulación deficiente, el sector energético español no está en su mejor momento. Del lado positivo, tanto el subsector del petróleo como el del gas natural non presentan problemas que requieran medidas urgentes: no son necesarias nuevas infraestructuras en algún tiempo y la capacidad ociosa no es preocupante. Pero en el otro extremo, el subsector eléctrico acumula todos los problemas: exceso de capacidad, déficit tarifario, problemas de diseño de mercado, etc., generando una situación muy poco sostenible.
Toda política energética (pilares de la política energética europea y por tanto de sus 28 Estados miembros) ha de ser soportada por tres pilares:
1.- Competitividad en la formación de precios.
2.- Seguridad en el abastecimiento.
3.- Sostenibilidad ambiental.
Una vez definida una política energética (¿qué mix?, ¿qué gobernanza?) se puede identificar conceptualmente como un punto, situándola respecto a los tres pilares.
En España, el recorrido de la política energética en los últimos años ha pasado desde un punto central entre competitividad y seguridad de abastecimiento a finales de los años 90, a una posición muy próxima a la sostenibilidad ambiental a partir de 2005, sin considerar correctamente los otros dos pilares.
Con un marco regulatorio muy generoso en lo referente a la promoción de las energías renovables, España ha liderado este desarrollo y a día de hoy presenta un mix energético en el que la presencia de renovables, principalmente energía eólica y fotovoltaica, tienen un porcentaje de participación muy alto, lo que ha generado una situación difícil: si bien hemos afrontado con mucho acierto las dificultades de tipo técnico y operativo de las energías renovables, no hemos acertado en su cierre económico y financiero.
En nuestro país, la coyuntura energética está totalmente en manos de la sobrecapacidad de las infraestructuras, previstas para un crecimiento sostenido y que la realidad ha resultado ser de una reducción del consumo de gas y electricidad en más del 10% y la consiguiente capacidad ociosa de las instalaciones.
Se trata de la escenificación de una burbuja, la de los medios de oferta que no han ido acompasados con los de la demanda y que ha terminado en drama, tanto para los inversores como para los consumidores, los primeros por no obtener las rentabilidades esperadas y los segundos por ver crecer los precios a niveles de pérdida de competitividad, lo que redunda en un reforzamiento del círculo vicioso negativo.
Tras un análisis exhaustivo de las oportunidades y amenazas para el sector eléctrico en España, Jordi Dolader terminaba la presentación del documento con unas conclusiones y reflexiones finales, que reproducimos, referidas a los retos de futuro que es necesario afrontar:
1.- Dada la alta dependencia energética de España, deberán utilizarse todas las fuentes energéticas disponibles en el territorio nacional, manteniendo un cuidado equilibrio entre el respeto al entorno natural, patrimonio de generaciones futuras, y su coste. La utilización de la opinión pública para perjudicar la explotación de determinados recursos energéticos propios, no hace ningún favor a nuestra economía ni ayuda a salir de la crisis en la que estamos situados, por lo que un gran debate sobre nuestros recursos, seguido de un gran pacto de Estado, sería de gran ayuda para superar la delicada situación actual.
2.- Existe una gran divergencia entre los Estados Miembros de la UE en cada uno de los componentes de los costes de la electricidad, lo que representa un reto para el Mercado Interior de la Energía, por lo que debería armonizarse la carga impositiva que soportan los diferentes agentes en el Mercado Interior Europeo de la Energía.
3.- Frente a las voces que claman por un regreso a la regulación administrativa y estatal de todas las actividades ligadas al sector energético, deberían potenciarse los mecanismos de mercado en aquellas actividades en que fuera posible, dado que la injerencia política sobre las actividades del sector energético ha mostrado ser un elemento perturbador de su eficiencia, como prueba el déficit tarifario.
4.- Debe tomarse en consideración la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada “Un marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030”, que contempla la necesidad del compromiso de la Unión Europea con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% respecto a niveles de 1990. En este periodo, la Comisión aconseja que deben reducirse progresivamente hasta su desaparición las subvenciones para las tecnologías de la energía maduras, incluidas las destinadas a las energías renovables.
5.- Deberá verificarse la eficacia de las medidas dictadas en España para evitar el crecimiento del déficit tarifario eléctrico.
6.- Los consumidores deberán atender a las recomendaciones de la Directiva Europea sobre eficiencia energética y tratar de incrementar la eficacia en su uso: 1) ahorro de energía para los consumidores con información en tiempo real del consumo de energía, mediante contadores individuales más precisos; 2) a la industria: incentivos para que las PYME´s procedan a auditorías energéticas y difusión de mejores prácticas, al tiempo que las grandes empresas tendrían que realizar auditorías energéticas con el fin de reducir su consumo.
7.- El coste de la energía de los PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), anterior TUR (Tarifa de Último Recurso) deberá basarse en los propios precios horarios del mercado eléctrico mayorista.
8.- Necesidad de una política de Estado consensuada a nivel del arco parlamentario español.
9.- Precisamente porque existe exceso de capacidad en la mayoría de nuestro parque energético, no deberíamos interrumpir las necesarias inversiones en ampliar la capacidad de las interconexiones energéticas con Europa para dejar de ser una isla energética.
10.- Finalmente, se debería reflexionar sobre el nuevo modelo de regulador energético, que tendría que preservar su independencia y potenciar la formación sectorial profunda de sus miembros.